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COLUMNISTAS

La punta del iceberg de la jornada de trabajo 4-3

Vladimir de la Cruz [email protected] | Miércoles 23 noviembre, 2022


Lo sucedido en una cadena de tiendas, especialmente observado, fotografiado, filmado, documentado de muchas maneras, en el establecimiento que tienen en San José, frente al Parque Central, es tan solo la punta del iceberg de una situación que sufren miles de trabajadores en el país, especialmente los inmigrantes, indocumentados, obligados a trabajar con salarios inferiores a los mínimos legales, en condiciones muchas veces infrahumanas, con pasaportes o documentos de identidad retenidos por sus “patronos” o “contratantes” laborales, desprovistos y desprotegidos de las garantías sociales mínimas, con lo que se les niega e imposibilita acceso a la salud, a una vivienda digna o decente que les permita descansar para reanudar sus extensas jornadas laborales, que exceden las 14 y 16 horas diarias en muchos casos, así como por la contratación de menores de edad, a quienes también les pagan menores ingresos, más abajo del mínimo legal y de los bajos salarios que les pagan a los otros trabajadores. De ello también son víctimas los trabajadores costarricenses que se ven obligados, por hambre, a trabajar en estas condiciones prácticamente de esclavitud y bajo condiciones de torturas y de amenazas de violencia física.

Estas son situaciones que en otros momentos se han denunciado en el trabajo de la agricultura en empresas grandes, especialmente en la zona norte y en Guanacaste, en la construcción y en el servicio doméstico. Los afectados principalmente son trabajadores nicaragüenses e indígenas Ngäbe, que también trabajan en la agricultura del café y la recolección de aguacates, estos en la zona sur del Valle Central, que los tienen viviendo hacinados y en condiciones también infrahumanas.

Lo sucedido con esas dos trabajadoras, que dieron motivo para que alrededor de ellas y de la situación de violencia por ellas vivida, de manera pública, sin que se pudiera ocultar, a la opinión pública y las instancias institucionales, como el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, ha permitido evidenciar un modelo de trabajo, que parecía desaparecido y superado, pero que es real probablemente para miles de trabajadores en Costa Rica, jornadas extensas arriba de las 12 horas diarias en pésimas condiciones de trabajo.

Al principio las primeras informaciones parecieron dirigidas a justificar la agresión contra las trabajadoras por supuestas sustracciones que realizaban, lo que se aclaró luego que no era cierto. Todo giraba alrededor de las víctimas de las agresiones que sobre ellas hacían dos funcionarios de ese establecimiento, a modo de capataces con derechos a golpear con palos, a agredir físicamente a las trabajadoras delante de las otras trabajadores, a “torturas” de esa manera, a modo de ejemplo, y del público que en el mejor de los casos filmó y documentó lo sucedido y lo hizo circular por las redes telefónicas e informáticas, lo que rápidamente empezó a cambiar en lo que significaba la interpretación de esos hechos.

Se trataba de una violencia ejercida brutalmente contra seres humanos, de atentar contra la vida de esas trabajadoras, golpeándolas con palos, de producirles daños físicos y sicológicos, morales y materiales, de producirles daños a su salud que solo el tiempo dirá, de invadirles y violentarles su privacidad cortándoles el cabello, de privarlas agravadamente de su libertad, de realizar coacción física, sicológica y reverencial contra los trabajadores, sobre todo con actos qué devenían de quienes en ejercicio laboral actuaban contra esos trabajadores como sus superiores jerárquicos, como policías laborales vigilantes de los trabajadores, como capataces dispuestos a castigar físicamente, como cancerberos esclavistas que eran en la realidad, cuidando efectivamente estos siniestros personajes la entrada y salida del infierno que para estos trabajadores era laborar en esas tiendas. La puerta del Infierno de Dante era una caricatura en esas tiendas.

El escándalo al menos ha permitido descubrir que la Policía Municipal, con conocimiento de situaciones como ésta, no actuaba, probablemente por complicidad con los dueños de esta cadena de establecimientos, que aparentemente también violaba disposiciones municipales en cuanto a sus patentes. Ante muchas intervenciones policiales, según se ha dicho, seguían operando. ¿Quién las protegía en esa Policía o en la Municipalidad? Esto debe investigarse por parte de las diligencias que obligadamente ha tenido que realizar el Ministerio Público. Es una investigación contra todos los agentes implicados, los institucionales por su omisión y silencio y contra los actores directos de la golpiza y sus directores intelectuales.

Según la policía allí habían malas condiciones higiénicas y sanitarias, violación de las normas de seguridad e higiene ocupacional, de operación sin permisos de funcionamiento, de copiar el permiso de un establecimiento para repetirlo en otros, de la misma empresa o sociedad, de intimidación que ejercen sobre trabajadores de establecimientos aledaños, de operar al margen de la Tributación Directa y del Ministerio de Hacienda al impedir los pagos con tarjetas de crédito y solo recibir dinero en efectivo…¿para evadir pagos tributarios y hasta para movilizar otro tipo de dineros?

Obviamente contra esas trabajadoras se han cometido vejámenes que tienen responsabilidad penal y civil por parte de quienes así actuaron violentamente, y en nombre de los dueños y representantes legales de esa cadena empresarial, los responsables intelectuales de esos métodos de trabajo.

No se trata de indemnizar a las víctimas, en sus efectos físicos, morales y materiales, con 10 millones de colones como se ha filtrado en las noticias. 10 millones no es nada para una empresa de esa naturaleza.

En una situación como ésta se pone en evidencia la deficiente atención pasiva, o activa, de las inspecciones de los Ministerios de Trabajo, de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud, de Tributación, del Instituto Nacional de Seguros que tienen que ver con el sistema de trabajo de estas empresas. ¿Por qué los sindicatos de estas instituciones no se mueven en estas situaciones para hacer valer la finalidad social que tienen?

En este caso no se debe acudir solo a la vía administrativa para sancionar. Se debe acudir a la via penal para establecer el respeto a los Derechos Humanos violados en este caso, a los derechos y garantías sociales afectadas en esos trabajadoras, a la violación de los derechos laborales realizados y a sancionar las condiciones esclavistas de trabajo existentes, las formas sutiles de tortura que emplean sobre esos trabajadores, de los intentos de soborno que sufrieron autoridades policiales por dueños de esos establecimientos para que se hicieran los majes, por la contaminación sónica que hacían con altos volúmenes en sus establecimientos, de la violación que se hacía del patrimonio histórico que tiene ese edificio. En el fondo de esto se trata también.

¿Por qué la policía municipal en conocimiento de esas situaciones irregulares en materia laboral, de oficio no acudió al Ministerio de Trabajo, a la Inspección de Trabajo a denunciar esa situación, de la cual tenían conocimiento desde semanas atrás? ¿Por qué institucionalmente se tapan estas situaciones en perjuicio de los trabajadores y de los ciudadanos?

Los propietarios de esa tienda, según se informó, dijeron que era un “error” lo sucedido. Tal vez quisieron decir HORROR, y no error, la despiadada paliza que le dieron a esas trabajadoras para que escarmentaran ellas, sí, pero también el resto de sus empleados, imponiendo de esa manera el temor, el miedo a sufrir iguales tratos a palos en esa relación laboral sin fallaban en sus trabajos.

El problema fundamental en este caso no es el migratorio, como lo han querido pintar desviando la atención, es el problema laboral, de las contrataciones de trabajo, de las condiciones de trabajo, del incumplimiento de salarios mínimos y de horas extras, de la contratación de menores de edad, del incumplimiento de las condiciones se seguridad e higiene ocupacional, por atentar contra la vida de esas trabajadoras, del incumplimiento de pagos de prestaciones con trabajadores despedidos, del incumplimiento de esos empresarios con los pagos sociales a la Caja Costarricense del Seguro Social, de la Tributación, de la violencia física ejercida violando los Derechos Humanos de esas personas, protegidos de igual manera que cualquier costarricense por tan solo estar en Costa Rica. ¿O no es así?

Tratar de ver el problema migratoriamente es evadir el problema fundamental de trabajo al que son sometidas las personas, es en cierta manera apadrinar a los dueños de esas empresas que actúan así con sus empleados, es fomentar la mano de obra esclava en tiempo real, y de hoy, en el siglo XXI costarricense.

El argumento del empresario o dueño de esas tiendas de que eso sucedió porque esas empleadas robaban no es de recibo. ¿Si robaban por qué no las había despedido con anterioridad, por qué las mantenía trabajando? El empresario reconoció que las golpizas eran frecuentes y que antes de hacerlas contra los trabajadores pedían ayuda a la policía para detener a los supuestos ladrones, señalando el empresario que la policía no hacía nada. Ergo, el empresario procedía con las golpizas… reconociendo que era usual hacer esas golpizas.

El régimen de trabajo en esas tiendas es de más de 12 horas diarias. Ni siquiera se mantiene en la propuesta que quieren establecer en Costa Rica de 12 horas diarias por cuatro días a la semana. Ese sistema de trabajo es propio de muchos países del Asia, incluso de países donde el actual Presidente de la República trabajó internacionalmente impulsando políticas y modelos de trabajo. No es casual su empeño en imponer el régimen de trabajo 4-3, de jornadas laborales de 12 horas diarias. De establecerse ese modelo de trabajo lo sucedido en esa cadena de tiendas es lo que va a ocurrir “normalmente” en la vida laboral costarricense.

Si es cierto que algunas empresas quieren ese modelo de trabajo digan cuales empresas así lo quieren. No hay impedimento legal para que funcionen esas jornadas, pagando las 4 horas extras sobre las 8 horas ordinarias. ¿Por qué no hacen esto? Porque en la práctica quieren eliminar esos beneficios económicos, quieren empobrecer a los trabajadores pagándoles menos por más trabajo, con el deterioro físico, mental, sicológico, familiar que eso va a significar.

Aquí hay empresas que trabajan 24 horas diarias, siete días a la semana. Tienen sus respectivos turnos laborales de trabajadores, y se pagan los derechos de los trabajadores como corresponden. No son muchas las empresas que trabajan 24 horas diarias, pero las hay. También hay instituciones, como la Caja Costarricense del Seguro Social, en su parte hospitalaria, que nunca dejan de trabajar. Las enfermeras, ¿caso no trabajan en tres turnos?

Los sucedido en esta cadena de tiendas es apenas la punta del iceberg del modelo de trabajo que quiere implantar en Costa Rica, bajo la batuta actualmente del Presidente de la República y sus fracciones parlamentarias muy alejadas de las políticas del Estado Social de Derechos y alejadas de las Garantías Sociales constitucionales y del mismo Código de Trabajo y los Convenios de Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, de la ONU, ratificados por Costa Rica.

A los empresarios de esta cadena de tiendas, como autores intelectuales de los métodos de trabajo, que vigilaban y ejercían sus capataces, agrediendo físicamente a sus trabajadores se les deben aplicar todas las sanciones jurídicas posibles. Que sus castigos sean ejemplarizantes para que no se cometan estos actos contra los trabajadores por quienes quieran imitarlos.


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