Autobuseros alertan de abandono de rutas por culpa de servicios ilegales
Más de 130 servicios dejaron de operar porque no son rentables
Esteban Arrieta [email protected] | Viernes 18 abril, 2025 11:00 a. m.
La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) lanzó una severa advertencia sobre la crisis que enfrenta el transporte público formal en Costa Rica, responsabilizando a la proliferación del transporte ilegal como la principal causa del abandono de rutas, situación que ya está afectando a miles de usuarios en distintas partes del país.
Según Canatrans, al menos 130 rutas han sido abandonadas en los últimos años, producto de una combinación de factores como la caída en la demanda de pasajeros, el crecimiento descontrolado de servicios piratas y la atomización del servicio mediante modalidades especiales.
Solo en las últimas dos semanas, dos nuevas rutas fueron devueltas al Consejo de Transporte Público (CTP) por las empresas operadoras debido a la inviabilidad económica de seguir prestando el servicio.
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Una de estas rutas es Barrio Luján – San José, donde el operador aseguró que la baja demanda, atribuida al aumento de servicios piratas y a la alta proporción de adultos mayores (cuyo pasaje debería ser subvencionado), volvió insostenible la operación. La segunda es la ruta San Vito – El Ceibo – La Pintada, en la Zona Sur, cuya operadora, la empresa Cepul, anunció el pasado viernes el cese total de sus operaciones.
“La permisividad ante el crecimiento del transporte pirata y la falta de medidas efectivas para ordenar los servicios especiales están debilitando el sistema de transporte público. Es urgente que las autoridades tomen acciones concretas para evitar que más rutas sean abandonadas”, declaró Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans.
Además de los servicios informales, Canatrans señaló la ausencia de una política integral de reactivación del sector como un factor clave en la actual crisis.
La organización insiste en que urge una estrategia nacional que incluya mejoras en la infraestructura, seguridad en paradas, estudios de interferencia de rutas antes de otorgar permisos especiales, y una reestructuración del sistema hacia un modelo intermodal e integral.
“El transporte público es un servicio esencial. Si no se protege ahora, se corre el riesgo de que más comunidades queden aisladas y sin alternativas seguras y reguladas”, concluyó Bolaños.
