El país abrió sus fronteras, displicente en mucho de las advertencias de lo que iban a producir aquellos términos claramente inequitativos

De cal y de arena
De aguacates y lácteos

Al compás de los redobles que tocaba el Consenso de Washington, Costa Rica fue domeñada para que se amoldase a las condiciones de un modelo de tratado comercial encaminado a la desregulación, la apertura de mercados y la privatización de servicios públicos sin ver la otra orilla del río.
Los créditos llegaron atados al acatamiento de estos objetivos como elementos característicos fundamentales, a la par de otras disposiciones sobre cuyo contenido poco podía hacer nuestro país más allá de ejercer un derecho al berreo que en unas pocas ocasiones nos posibilitaba una que otra concesión.
El país abrió sus fronteras, displicente en mucho de las advertencias de lo que iban a producir aquellos términos claramente inequitativos, desiguales, propios de la ley del embudo que aplican a su capricho quienes tienen la sartén por el mango.
Iba a venir presurosa la inversión extranjera directamente a participar de las mieles que se le ofrecían en atractivos menús contentivos de un listado de exoneraciones fiscales y de una precautoria atadura de las manos del Estado para que no pudiera modificar el modelo, ni siquiera para equilibrar la relación de fuerzas alterada por las manipulaciones de las naciones del primer mundo afanosas de proteger, por ejemplo, a sus influyentes sectores agropecuarios.
He ahí la ley del embudo en toda su expresión, de cuyos golpes resultó víctima principal nuestro mundo agropecuario. Las convulsiones que vive el agro no exportador ponen de manifiesto el desamparo en que lo ha dejado un Estado omiso en el deber de estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza (Garantías Sociales, Art. 50 de la Constitución).
No hay, en este Estado costarricense, armadura apropiada para que al agro no exportador se le dé acceso a los artilugios proteccionistas de que sí disfrutan sus contrapartes fuereños.
No se trata de abjurar de los tratados de libre comercio que también tienen aportes positivos. Es que advertidos de que el crecimiento económico que promueven tiene efectos que se distribuyen de manera desigual, el gobierno debería imponerse la tarea de implementar una política de Estado encaminada a corregir ese legado de desigualdad de ingresos, concentración en sectores minoritarios y deterioro de los grupos vulnerables; el entorno en que aumentó la pobreza, el desempleo y la informalidad; el mundo de economía dual —puntualiza el Informe del Estado de la Nación— que ocasiona crecientes desigualdades sociales y que con los años evidencia el agotamiento de las políticas de promoción de exportaciones basadas en exoneraciones y subsidios como estrategia general de desarrollo del país. Estímulos, ventajas, privilegios a granel acompañan ese modelo aperturista, de los que queda al margen, v.g., el agro. Un agro forzado a moverse en un mercado plagado de estructuras monopólicas que aniquilan las reglas de la competencia, cruel realidad de la que se desentienden los palafreneros de un libre juego de la oferta y la demanda inexistente. Los vemos defendiendo el aguacate michoacano pero ciegos ante las barreras a la venta de nuestros lácteos en México.

Álvaro Madrigal

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