Cuando la Sala IV estorba

Alvaro Madrigal [email protected] | Jueves 11 noviembre, 2010

En los pasillos de la Asamblea Legislativa se cocina la castración de la Sala Constitucional. Se intenta despojarla de una serie de competencias que le fueron dadas desde sus orígenes y que han confirmado ser virtuosa herramienta del ciudadano para detener las arbitrariedades y abusos del poder.

Se le reduciría a la impotencia si se aprobase el proyecto de ley (Expediente 17743) en el que sinuosamente se buscan otros objetivos, distintos a los que responden a la necesidad de corregir los defectos formales de la Sala, origen de su marcha lenta y de los nichos de los abogados leguleyos.

“Alguien” quiso jugar de vivo introduciéndole normas que en realidad la castran como instancia donde el ciudadano impugna atropellos a intereses difusos y demanda detener en oportuno momento los asaltos al Derecho Ambiental, tan de moda en estos tiempos de voracidad insaciable.

No menos sorprendente es la pretensión de extender el Derecho de Rectificación o Respuesta a las opiniones vertidas en los espacios periodísticos, régimen hoy día aplicable solo a las informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio de una persona, con lo cual la resultante será constreñir los espacios que ceden los medios al análisis, al debate, a la disección de los asuntos de interés público toda vez que si se trata de rectificar o responder algo tan subjetivo y tan libérrimo como es una OPINION siempre se estará ante una posibilidad de fronteras ilimitadas, lo que agotaría la capacidad del periódico en daño de la restante información.

Tan nefastos son estos afanes que la magistrada que preside la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, advirtió que constituyen “un peligro para la democracia”.

No es aventurado creer que ese “alguien” sea parte integrante de los segmentos de la sociedad costarricense que han deformado al Estado convirtiéndolo en palanca para la constitución de privilegios y el acrecimiento fácil de sus riquezas.

Enquistados en los partidos tradicionales y en algún nuevo movimiento político que hace de portaestandarte a sus intereses, les resultó fácil meter sus garras en el expediente 17743 y disimular, tras la razón de agilizar la Sala y depurarla de sus fallas, una maniobra para liberar al Poder Ejecutivo de la tutela jurisdiccional confiada a ella y de la vigilancia del ciudadano que sabe de la existencia del derecho que le da la Ley de la Jurisdicción Constitucional a obstaculizar la consumación de atropellos y arbitrariedades que se fraguan desde el poder político.

Estas reformas son un peligro para la democracia —como dijo la magistrada Calzada— y tan así es que ahora la opinión pública presiona con fuerza para que se impida el despropósito.

Las otras reformas, es decir, las que inspiraron originalmente el proyecto de ley para introducirle una estructura funcional que la agilice y fortalezca para un cabal cumplimiento de su misión como contralor de constitucionalidad, deben liberarse de toda contaminación y convertirse en ley de la República.

No de otra forma va a consagrársele como instancia para detener la arbitrariedad y el abuso de poder a que tan proclives se muestran ciertos estamentos sociales. Los mismos que ayer usufructuaron otra composición filosófica de la Sala.

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