¿Universidades privadas con fondos públicos?

La semana pasada este diario dio a conocer una entrevista con Silvia Castro, rectora de la Ulacit, en la cual ella relata algunos de los principales aspectos de su propuesta de reforma al Conesup y a la educación superior privada.
El proyecto sale como respuesta al que está construyendo el MEP ante la urgente necesidad de regular las instituciones privadas universitarias. ¿Por qué es necesaria dicha regulación? Primero, por las frecuentes tarifas tan altas que cobran las universidades a sus estudiantes tanto por matrícula, como por cada materia.
Segundo, y no menos importante, por la calidad cuestionable de muchos de estos centros. Hoy día sucede en Costa Rica que cualquier garaje, con un cuerpo docente pequeño y con poca preparación, sin equipos adecuados y en cuestión de dos o tres años ya está graduando licenciados. Eso es un desastre inaceptable en un país que aspira acabar con la pobreza y el subdesarrollo.
Una universidad debe ser una institución seria, sólida, amplia, que perdure en el tiempo, con docentes preparados, con facultades, escuelas, centros de investigación y servicios de todo tipo; que investigue y genere conocimiento, que publique, con académicos referentes, que tenga convenios con instituciones de alto nivel, que genere acción social y que incida en la realidad del país.
Una universidad no puede ser solo una empresa que entrega títulos a estudiantes. Y lo cierto es que en este país, pocas instituciones privadas cumplen con el mínimo de esos parámetros. Ahí radica la necesidad de regular: generar calidad para los estudiantes sin que tengan que hipotecar su vida para pagar una carrera.
La educación es un derecho y debe ser accesible. Y dado que el aparato público no tiene capacidad de recibir a toda la población que aspira a obtener un título, enhorabuena que hay centros privados que amplían la gama de opciones.
Y precisamente por ser una necesidad tan grande del ser humano, al estar en manos privadas debe estar sujeta a ciertas regulaciones para evitar los abusos de tarifas exorbitantes que generen pagos o deudas millonarias. Es necesaria una reforma en la cual se asegure un incremento en los estándares de calidad (y el necesario cierre de universidades garaje) sin que ello implique una ampliación en los costos para los estudiantes.
¿Cómo? Lógicamente con una reducción de las enormes utilidades que genera el tener un negocio en una actividad tan básica y requerida.
Es una terrible injusticia que no haya límite a la ganancia (más allá del costo de los factores) que pueda percibir el grupo dueño de una universidad privada. Y es aún más terrible la falta de vergüenza de pretender recibir fondos públicos que le pertenecen a instituciones serias, con alto prestigio, que forman parte de la historia de nuestro país y que no poseen ánimo de lucro alguno. Es irrisorio e impensable que el Estado deba orientar parte de su gasto a engrosar las utilidades de empresarios.
Durante décadas, Chile ha tenido un modelo de educación similar: donde universidades privadas reciben fondos del Estado y sin techo alguno para el lucro generable. Eso ha creado en Chile la educación más cara y excluyente de toda nuestra región. Hoy ellos caminan hacia una más justa y próspera, donde se pretende eliminar este gran subsidio y todo el lucro en la educación privada (más allá del pago de factores). Costa Rica no puede caminar para atrás en un tema donde ha sido líder y ejemplo para muchos países de la región.

Alejandro Madrigal

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