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Una reforma de cuidado

Natalia Díaz [email protected] | Jueves 21 febrero, 2019

Se encuentra convocado por el Poder Ejecutivo para sesiones extraordinarias del Legislativo, el proyecto del grupo Poder Ciudadano Ya (PCY), que pretende reformar el sistema de elección de los diputados.

Esta ponencia de ley, que pareciera ser muy positiva de primera entrada, presenta, a mi criterio, algunos inconvenientes que conviene analizar con detenimiento.

Elevar en 27 el número actual de diputados para llegar a 84, 42 de lista nacional y 42 por circunscripción electoral, en momentos de crisis fiscal severa, le resta viabilidad política a la reforma y le genera un ambiente adverso desde su inicio. Hubiese sido más potable dejar las 57 curules actuales con 57 circunscripciones electorales, distribuidas por provincia como el modelo actual, para no tener necesidad de reformar la Constitución, que es un procedimiento lento, tedioso, que tarda años y requiere votaciones de mayoría absoluta, difíciles de lograr.

En dicho proyecto, continúan siendo las cúpulas partidarias (a través de sus Asambleas Superiores), las que imponen los nombres en cada una de las circunscripciones electorales, igual al sistema que sufrimos en la actualidad. El elector sigue sin escoger la persona apropiada de su selección; el nombre, a manera de ejemplo, en la jurisdicción central de Puntarenas es aquel que el PLN, PUSC, PAC, Restauración, Frente Amplio, o cualquier otro partido, le impone para decidir; así el elector deberá escoger entre los nombres que cada partido le presenta, y no tiene la opción de postular ni votar por otra persona idónea de su comunidad. Si en efecto se buscara personalizar la elección, lo que debería es permitírseles a los ciudadanos inscribir su nombre con un requisito previo (mínimo de firmas de apoyo por ejemplo), ante el TSE, sin necesidad de que sea a través de los partidos políticos.

Por otro lado, tres periodos consecutivos de reelección, como se plantea en dicho proyecto (12 años), conlleva grandes riesgos de establecimiento de feudos electorales, tal y como ocurre actualmente en las alcaldías, con sus consecuencias negativas de la transparencia en el manejo de la cosa pública deseable en cualquier sistema.

El hecho de que el denominado “distrito electoral” se gane con un solo voto de diferencia sobre el partido que queda en segundo lugar, rompe el sistema de proporcionalidad, pues si un mismo partido gana los 42 distritos, se alza con los 42 diputados, igual que las alcaldías, y deja sin representación legislativa a los demás partidos que participaron. El sistema actual de cocientes y residuos es el más justo dentro de la injusticia electoral vigente. No se ha descubierto un mejor sistema que ese por el momento. En otras palabras, estaríamos “alcaldizando” nuestro parlamento.

Para concluir este análisis rápido y elemental de la reforma, debo agregar un tema subjetivo deductivo personal. Es una realidad ineludible que al existir una nómina de 42 candidatos de LISTA NACIONAL, los perfiles de muchas de esas personas sean totalmente diferentes a los de los 42 candidatos de los distritos electorales, e intuyo que ese es el espíritu central de la reforma. Los primeros esperarían sentados en sus casas las nominaciones, pues sus atestados así lo permiten, y los segundos serían los responsables de la “carpintería electoral” necesaria de asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacional; para luego esperar la bendición de las cúpulas a sus justas aspiraciones. Esta es una inevitable dualidad que se daría en el sistema propuesto por PCY, y que le introduce una connotación de corte elitista al proyecto en mención.

Como el proyecto se encuentra ya en trámite legislativo, es un foro público de discusión, y es por ello que he decidido hacer públicas mis observaciones más preocupantes al respecto. Nuestro movimiento político no tiene representación legislativa en este momento, pero lo que pretendo es informar a la ciudadanía, y a aquellos señores diputados que a bien lo tengan, nuestros puntos de vista sobre el proyecto de reforma constitucional que se encuentra en sede legislativa.

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