Hay obras que se iniciaron hace cerca de diez años y aún no ven la luz

De cal y de arena

Rumbo al caos

El sumun de la incompetencia, la negligencia, la irresponsabilidad y la impunidad está en los sombríos resultados de la administración de los préstamos para obra pública que exhibió la Contralora General de la República ante una comisión de la Asamblea Legislativa.
De ello se tenía incompleta noticia y confirmada sospecha fundada en la constatación ciudadana de obras prometidas y no emprendidas, las más a paso de tortuga, sin horizontes de conclusión, con la percepción del tufo —en unos casos— de la corrupción.
Hay obras que se iniciaron hace cerca de diez años y aún no ven la luz. Hay una cartera de 20 créditos que montan a $2.836 millones de los cuales un 73% no se ha girado por una pésima gestión. Hay una cartera de $14,2 millones por comisiones correspondientes a préstamos en desuso. El BID dio $60 millones para invertir en la red vial cantonal en cinco años; han pasado 3,8 años y se ha construido solo el 6,6% de lo previsto aunque se ha dispuesto del 35% de lo presupuestado.
Tan fallida forma de gestionar se expresa igualmente en la duración de los procedimientos para aprobar los empréstitos y en la indolencia a la hora de supervisar la ejecución de los proyectos.
Y algo más: la inepcia con que el Conavi administra los proyectos de obra pública, destapada por el diputado Luis Vásquez poco antes de que la Contralora General Marta Acosta dejara en cueros esta parte del desastroso mundo en que el engaño presupuestario discurre y que son monstruosas rendijas por las cuales han pasado renovaciones de compromisos contractuales otorgadas a unas privilegiadas constructoras de carreteras por valor de ¢394.000 millones en un quinquenio.
El país marcha, sin duda, hacia el caos por un mundo de leyes obsoletas, de funcionarios ineptos y de una burocracia con poder para decidir qué, cómo y cuándo se hace.
Todo esto es verdad. Es parte de los vicios y corruptelas con viejas raíces que llevan nombres y apellidos. Recordemos a Saopim, la Costanera, Ruta 27, Alterra, Limón Ciudad Puerto, el puente del Virilla, Soresco… una afrentosa verdad histórica legitimada por la impunidad, el legado de instituciones y ministerios en manos de ciudadanos inexpertos e incompetentes, de una asfixiante maraña de leyes y reglamentos dictados con la excusa de poner orden y evitar el latrocinio pero que han resultado una perniciosa forma de entrampar la marcha de la administración, y de una abigarrada asociación de tentáculos construida por una burocracia que se acuartela en la defensa de sus privilegios. Es el reino de la impunidad, con la Contraloría limitada por procesos sancionatorios que duran hasta diez años y con el presidente y los ministros resignados a satisfacerse con míseros resultados, simplemente porque eso es todo lo que consiguen hacer con ese embrollo jurídico, esa maquinaria burocrática y esa carencia de experiencia y de aptitud política.

Álvaro Madrigal

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