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COLUMNISTAS

De cal y de arena

La concentración de medios

Estado como de las mismas empresas mediáticas

Alvaro Madrigal [email protected] | Jueves 22 octubre, 2015


Entre los efectos más nefastos de la concentración de medios periodísticos en manos privadas o del Estado están —para decirlo con palabras del periodista Emmanuel Colombié, responsable para América Latina de la organización Reporteros Sin Fronteras— “la pérdida de independencia, la censura, la autocensura, la censura previa, la desinformación, los conflictos de interés y, sobre todo, la pérdida de calidad en las informaciones difundidas”.

La nunca bien ponderada Sociedad Interamericana de Prensa, sin embargo, no lo ve así. La SIP, cuando se topa con esa vocación tan arraigada entre los empresarios que atiborran sus listas de miembros, constriñe sus ángulos visuales y se desentiende del efecto perverso que guarda el entramado concentrador que sí le provoca “la concentración de medios por parte de grupos gubernamentales o paragubernamentales que se extiende en el continente”, tal y como lo consigna la declaración final de su recién celebrada 71 asamblea general en Charleston, Carolina del Sur.

Si la SIP dejó ver sus aprensiones por las propuestas surgidas en el seno de la administración del presidente Solís Rivera que se interpretaron como amenazas al libre ejercicio del periodismo (referidas a cuestiones relativas a la concesión de frecuencias, fiscalización de su uso y apertura a la participación de radioemisoras comunitarias, supervisión de contenidos de la publicidad, composición del capital social y su participación en la concentración con otros medios), propuestas que del plano de las tentativas no pasaron, no debió —la misma SIP— hacerse de la vista gorda ante la concentración de la propiedad de los medios periodísticos en pocas manos que en Costa Rica (y también en otros países) es una realidad incontrastable con todas las derivaciones apuntadas por Colombié.

Pueden obedecer a distintos motivos, pero la concentración fraguada por grupos gubernamentales o paragubernamentales tiene todos los mismos efectos perversos que la que montan quienes buscan imponer sus subjetivos propósitos en la cobertura de la noticia.

Laudable es la vigilia que mantiene la SIP ante las actuaciones de los gobiernos que pueden socavar las libertades de prensa y de expresión.

Hay que dejar en claro que en el rigor de la integridad de los principios, su celo debería extenderse también a las concentraciones de la propiedad de los medios en tanto se traduzcan en condicionantes a la independencia, contaminantes de la verdad y de los contenidos de la noticia, y barreras al acceso al ejercicio de la libertad.

No vaya a ser que la garantía constitucional que ampara las libertades de expresión y de prensa quede sometida a la interpretación que de su ejercicio hagan o el gobierno o los medios sometidos a la condicionalidad de unos intereses más o menos uniformes.

Tengamos presente que “la libertad de pensamiento y la libertad de expresión no tienen sentido la una sin la otra… no pueden restringirse por ninguna vía, directa o indirecta, o por medios que impidan la libre circulación de ideas u opiniones” (Sala Constitucional, voto 2313-95).

Estamos, pues, ante versiones de políticas restrictivas de las libertades que pueden proceder del Estado como de las mismas empresas mediáticas.

Álvaro Madrigal

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