Además de los colegios profesionales, ¿qué rol tienen el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en este campo? ¿Quién hace las labores de prevención para que los impostores no anden en campo libre?

Impostores que destruyen vidas

¿Por qué un médico que no tiene especialidad en cirugía plástica se atreve a deformar la vida de una joven? En un solo acto destruye a una persona, a una familia, por el placer de acumular dinero irresponsablemente.
¿En qué se diferencia un acto como este al de un delincuente que deja incapacitada de por vida a una persona para robarle? Hay un principio básico de convivencia social: nadie tiene derecho a destruir la vida de otro ser humano, a no ser que esté en peligro inminente su propia vida o la de otros seres humanos. No es el caso de este tipo de “cirujanos”, aquí hay un atentado brutal a la vida humana sin que funcionen las alarmas sociales oportunamente.
Esto no ocurre solo en Costa Rica, impostores hay en todos lados y en todos los campos. Por cierto, hace poco renunció el presidente del Banco Central de Ecuador al reconocer que había falsificado su título universitario para poder obtener un posgrado en Costa Rica.
Eso no es novedad, cada año se falsifican cientos de títulos de bachillerato de colegio en el país… y no pasa nada. Este tema de la falsificación de títulos, incluyendo los universitarios, ya lo traté en una columna anterior.
Es común, por ejemplo, que odontólogos sin especialidad apliquen tratamientos avanzados en campos como la endodoncia, ortodoncia, prostodoncia… con delicadas consecuencias para sus pacientes.
El usuario cae con frecuencia en una trampa a la que recurren los impostores: la confianza en una persona que domina un campo que para el paciente es un enigma. ¿Y las alarmas? La mayoría de las veces nunca suenan, cada uno se hace cargo de su propia tragedia.
En este tipo de temas los colegios profesionales han sido sobrepasados. Normalmente ponen de vez en cuando campos pagados en periódicos con listas de especialistas o asustan con el código de ética.
Desde afuera se les ve más como gremios protectores de sus afiliados que de la profesión misma. Han olvidado algo básico: el usuario es ignorante en estos temas y confía en los profesionales que ostentan un título y una colegiatura.
Es posible que se requiera una legislación más dura en estas materias, pero son las instituciones sociales que deben velar por la prevención y la penalización, quienes deben impulsar y lograr que los legisladores actúen.
No es fácil, pero son materias de interés público que logran consenso si hay instituciones realmente interesadas. El usuario, por su parte, terminará desconfiando de todos.
Definitivamente no están sonando las alarmas que deben ser activadas por las instituciones encargadas de hacer esta tarea. Además de los colegios profesionales, ¿qué rol tienen el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en este campo? ¿Quién hace las labores de prevención para que los impostores no anden en campo libre? ¿Quién responde por todos estos atentados contra la vida de las personas? La respuesta, como hace cinco siglos, parece ser “Fuente Ovejuna, señor”.

Arturo Jofré
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