¡Inseguridad, violencia, muerte!

Emilio Bruce [email protected] | Viernes 06 octubre, 2023

La seguridad es el corazón de las razones de la existencia del estado. El orden público en consecuencia resulta primordial a la vida ciudadana e institucional. Un estado sin seguridad ni orden público es un estado fallido.

Ha vuelto al tapete en estos días el tema de la seguridad en el país. Una vez más se destapa un conjunto de asesinatos y el país hierve en escándalo. Unos acusan a este gobierno de lo sucedido, otros recomiendan lo que debió hacerse antes de llegar a esto. Muchos echan culpas a otros y se señalan unos y otros. Como muchos problemas nacionales la inseguridad ha nacido, crecido ante nuestros pasivos ojos, y ahora en estos meses ha llegado a niveles de asesinatos impresionantes para los costarricenses.

La inseguridad, la violencia y la muerte no surgen masivamente de manera espontánea. Seguridad no es producto de la represión. La represión aumenta la violencia, la inseguridad y la muerte. El abandono de los elementos socializadores que formaron y conservaron la sociedad segura han ido desapareciendo deteriorados en sus mismas bases.

¿Qué hizo a la Costa Rica de ayer un país sin inseguridad, violencia y muerte? Pues claramente la sociedad que construimos con ahínco bajo este azul del cielo cambió para mal sin que hiciéramos mucho. La madre y el padre hacen una labor mayor que mil policías, pero la familia se ha debilitado de manera impresionante. La religión que formó criterios y conciencias diferenciadoras del bien y del mal ha venido a menos en su influencia social y claro está en la formación de criterios de identificación y de separación de las actitudes y conductas malas de aquellas buenas. Los centros de trabajo han debilitado sus reglas de convivencia y ya no son las universidades de la vida que entrenaban a sus trabajadores en los elementos básicos de la honestidad, el respeto, la disciplina y la verdad. Los medios de comunicación colectiva fortalecían con su promoción y su elogio las conductas sociales correctas y deseables, ahora se destacan las actitudes y conductas contrarias. Todo se ha aflojado en sus amarras. El estado ha ido tratando de reemplazar a las familias con pésimo éxito.

La policía se ha debilitado de manera considerable. La idiosincrasia del costarricense contra armas, policías y procedimientos de fuerza pública hace que la población critique seriamente la intervención policial cuando esta se produce. Los insultos y el irrespeto contra la policía son proverbiales en nuestras comunidades hasta que la necesitan, y entonces la crítica es por qué no tenemos una policía fuerte y severa. ¡Definamos qué queremos de la policía!

La suspensión del estado de derecho y de las garantías individuales constitucionales no generan seguridad sino inseguridad. Hay que repetir que represión no es sinónimo de seguridad. Quienes así piensan deben de revisar seriamente su construcción o imaginario social.

La lucha contra el crimen organizado es otro escenario completamente diferente. La seguridad de una comunidad no se debe de manejar como es menester hacerlo con los escuadrones de la muerte, las armas y comunicaciones de quienes trafican drogas o lavan capitales.

El Poder Ejecutivo ha señalado que el problema de la inseguridad reside en las leyes y en la corrupción de los jueces. No me es extraña esa posición de capotazo ante la embestida de medios y de ciudadanos exigiendo más seguridad. Cuando una comunidad enfrenta al crimen organizado lo primero que debe de hacer es crear una poderosa y eficiente agencia de inteligencia policial, la segunda proteger a los jueces penales contra extorsión, amenaza, vicio, maña y violencia, así como de su asesinato. Ninguno de estos elementos básicos se ha abordado con seriedad y en profundidad. ¿Cómo marcha la infiltración del narco en la fuerza pública? ¿Quiénes en el Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ han presentado y aprobado un examen toxicológico en los últimos meses? ¿Es esta una rutina para determinar posibles vulnerabilidades en las fuerzas policiales? Fuerzas del orden con problemas de drogadicción son una debilidad fundamental para el gobierno.

Hay leyes que el país debe de revisar. El sistema de garantías extremas al delincuente debería ser analizado, pero en términos generales nuestras leyes cumplen con lo previsto por la sociedad. Hay que revisar aquellas a las que la policía administrativa y la OIJ consideran fuente de debilidad para sus funciones. Sin perjuicio de ello el estado de derecho no debe ni puede ser debilitado en razón de la “teoría de la seguridad nacional o ciudadana”. Esto sería atroz. ¿Vamos a permitir la detención de personas sin mayor trámite ni indicios comprobados de haber incurrido en delito alguno? Esta medicina sería peor que la enfermedad.

¿Vamos a seguir el ejemplo de arbitrariedad de otros países de detener y encarcelar a personas sin que medien plazos firmes para ser presentadas ante un juez?

¿Vamos a acabar con la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos y podrán estas ser intervenidas sin autorización de un juez?

O sea ¿para curar la inseguridad generada por unos cuantos vándalos y sicarios vamos a exponer a toda la población a la posibilidad de ser encarcelada indefinidamente sin requerimiento de la participación de una autoridad judicial?

Se habla de que es indispensable allanar las viviendas de los sicarios y de los criminales. ¿Querrá esto decir que los allanamientos no requerirán autorización de un juez y de las garantías procesales que todo allanamiento requiere? Esto sería más grave y dañino que la enfermedad que buscamos curar. Pareciera que la inocencia ajena está siendo despreciada por quienes tienen la obligación de proteger justamente a los inocentes. ¿Los domicilios particulares entonces serán campo libre de intervención policial?

Creo que la lucha contra el crimen organizado requiere de autoridades sofisticadamente entrenadas, de armamentos adecuados, de equipos necesarios y suficientes para lograrlo de manera eficaz. Herramientas como una agencia de inteligencia policial robusta y profesional es indispensable.

Si queremos regresar a la Costa Rica de paz, debemos prepararnos para esta gran batalla. Cero ocurrencias. Cero improvisaciones. Estamos ante un punto de inflexión social. Las personas al frente de estos asuntos requieren estar rodeados de seguridad personal y familiar sustancial para cumplir con sus tareas de dirección, investigación, acusación, juicio y condena. Quejarse de fallos que no nos gustan, pero mantener expuestas a las personas y sus familias que participan en estas cadenas represivas pues no se vale.

Hay que preparar una oficialidad de nivel mundial en la policía administrativa. Hay que dotar a todos ellos de las herramientas necesarias. Pero jamás se deben desmantelar derechos humanos y garantías del estado de derecho para todos los ciudadanos para lograr estos cometidos. Hay que recordar que el ministro y los altos jefes deben de hacer más y hablar menos. Las altas autoridades deben dejar de señalar de manera pública lo que harán o lo que no harán. Las autoridades deberían de callar sus limitaciones, necesidades de armamentos y sus vulnerabilidades informáticas y tecnológicas. No se informa al adversario dónde residen las debilidades del estado en esta lucha. En fin, que redoblen las cajas de guerra, “zafarrancho de combate” esto va en serio.

¡Inseguridad, violencia, muerte!

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