Es soberbio y airoso decirle a otro país democrático, cómo se debe legislar

Entre cielo y tierra

Desde la prescrita administración de Laura Chinchilla, luego de los avatares suscitados por la contienda por un nuevo paquete tributario, he venido desde este espacio clamando a las autoridades económicas de este país, al menos una respuesta concreta, sobre el deterioro de las finanzas públicas, a partir de la previsible acumulación de un déficit fiscal, que ya amenaza en el futuro próximo con llegar a un 6% del Producto Interno Bruto.
Aun así, de una u otra forma, el paquete tributario se ha venido ejecutando a medias tintas y jalando dientes, sin la necesidad de la aprobación de una ley en el Congreso, y ha llegado “de facto” a la ciudadanía por medio de revaloraciones en bienes inmuebles, aumentos en los servicios básicos, el costo de la energía, en especial los combustibles, entre otros.
El resultado ha sido catastrófico, pues el Estado simplemente sin importar el partido que lo maneje, no ha tenido la voluntad política para detener el aumento de sus gastos.
Asimismo, el costo de la vida y el clima para hacer negocios en el país se ha desmejorado, pues nos hemos convertido en una economía cara para operar y además de mucha burocracia y llena de trámites.
En esta situación de vulnerabilidad, las calificadoras de riesgo, mismo gremio que no logró advertir sobre la colosal crisis financiera mundial y que hasta dio “buena nota” a títulos basura antes de que estallara la catástrofe, ahora imponen el castigo de rebajar las perspectivas de los bonos de deuda del gobierno costarricense, de estable a negativo, y su calificación a Ba1 de Baa3.
En una parte esta pena tiene sentido, pero en otra está completamente fuera de su lugar.
Con el escarmiento vienen también imposiciones morales, con justificaciones pseudoeconómicas, pues achaca la incapacidad del país de aprobar una reforma fiscal.
Entre democracias, es entendido que cada nación tiene el derecho de resolver sus propias vicisitudes, sin embargo en materia financiera este “droit d’ingérence”, corresponde a la misma presión internacional sobre el país para la implementación de un “remedio”, el cual todavía no está claro que funcione en este momento.
Dejando de lado la discusión técnica, el hecho es que una calificadora desde Nueva York ha señalado que existe una “debilidad institucional”, porque en nuestra Asamblea, siguiendo los procedimientos legislativos y constitucionales, tras largas y múltiples discusiones, no se aprobó una reforma fiscal que no convenció a la mayoría del plenario.
Si el resultado no fue del agrado de las calificadoras, me parece, existe un problema de otra naturaleza, posiblemente de planteamiento y credibilidad.
Pero desde una perspectiva meramente democrática, es soberbio y airoso decirle a un país extranjero cómo se debe legislar. Esto sin dudas está fuera de lugar.

Luis Alberto Muñoz Madriz

@luisalberto_cr

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