Diez proyectos pretenden contener gasto en pensiones de lujo

Al menos diez proyectos de ley recortarían las jugosas jubilaciones con cargo al presupuesto estatal que disfrutan miles de exfuncionarios públicos.

El establecimiento de un tope máximo —entre los ¢2 millones y ¢4,5 millones— y la aplicación de contribuciones solidarias sobre los excedentes, son el denominador común.

Asimismo, se plantea la jubilación obligatoria para los burócratas que hayan cumplido la edad y las cuotas para pensionarse.

La meta de todos los proyectos es liberar la presión económica sobre el Gobierno, en momentos de estrechez fiscal, ya que algunos jubilados de lujo reciben ¢9 millones o más al mes.

Esas pensiones le cuestan al Estado cerca de ¢1 billón al año.

Una pensión de lujo la recibe una persona que no cotizó lo suficiente por ella, pero aún así la recibe, gracias a que está afiliada a un régimen especial y no al IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social.

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Hoy más de 9 mil personas disfrutan de una jubilación superior al monto máximo del IVM que es de ¢1,5 millones y al menos un 30%, tienen una pensión superior a los ¢2,5 millones.

Se trata en su mayoría de excatedráticos universitarios, exprofesores, exdiputados, exfuncionarios del Poder Judicial y hasta expresidentes de la República.

“Una persona que tenga una pensión superior a los ¢2 millones debería pagar una contribución solidaria y que ese dinero se destine específicamente para el pago de la deuda interna y externa”, dijo Xiomara Rodríguez, diputada por Restauración Nacional.

Si el proyecto de Rodríguez se llega a aprobar, solo en el primer año de aplicación, el Estado se ahorraría unos ¢11 mil millones provenientes de la contribución solidaria de los exfuncionarios del Poder Judicial, calcula Rodríguez.

En el caso de los afiliados a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y a quienes tienen una pensión extraordinaria del Gobierno central, el ahorro sería de ¢4 mil millones.

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Las diez propuestas de los legisladores serían un plan B en caso de que la directriz que firmó el mandatario Carlos Alvarado, para establecer un monto máximo de ¢2,7 millones para pensiones especiales, se declare ilegal en la Sala IV.

En estos momentos, los magistrados debaten el tema.

Otra de las propuestas en la corriente legislativa fue presentada por el Partido Unidad Social Cristiana.

La iniciativa busca homologar todos los regímenes de pensiones con el de la Caja.

De esta forma, ninguna persona en el país recibiría una jubilación superior a ¢1,5 millones al mes.

“En este contexto de estrechez fiscal y tomando en cuenta que el Estado hace un aporte a los regímenes especiales, es importante frenar las pensiones de lujo. No debe haber diferencias entre funcionarios públicos”, dijo Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC.

Otra de las propuestas fue presentada recientemente por José María Villalta del Frente Amplio.

El legislador pretende, entre otras cosas, que los pensionados de lujo no reciban dietas, si es que tienen participación en alguna junta directiva del Estado.

Asimismo, en caso de heredar la pensión, el monto no podrá exceder los cinco salarios base.