Baño de sangre en las calles
Arturo Jofré [email protected] | Viernes 11 enero, 2008

Arturo Jofré

Es conocida la dramática caída en las tasas de criminalidad en Nueva York cuando Giuliani, hoy precandidato a la presidencia, asumió el control de la ciudad y, junto a su comisario de policía William Bratton, hicieron una gran arremetida contra el delito. Bratton aplicó la llamada “teoría de la ventana quebrada”, que consiste en atacar el delito desde las pequeñas fechorías, como quebrar una ventana y, si no hay respuesta, llevarse algo o, de lo contrario, seguir caminando. Hay estudios que han aclarado hasta dónde las medidas tomadas entonces fueron la causa del declive del crimen, pero ese es otro tema. Lo interesante es que nosotros lo hicimos al revés: los delitos pequeños no son castigados.
La buena noticia es que el presidente Oscar Arias ha tomado la decisión de atacar con fuerza el problema y que en la Asamblea Legislativa el diputado Luis Antonio Barrantes del Partido Libertario, con el apoyo del PAC, están promoviendo una Comisión de Seguridad. Hay que reconocer que el Gobierno recibió un acumulado de más de dos décadas de escalada de la violencia, tema que nunca se abordó en sus verdaderas dimensiones. Por eso la convocatoria del presidente Arias nos llena de optimismo, más aún tratándose de personas que conocen a fondo el problema y tienen la capacidad (y ahora tendrán los recursos) para diseñar y ejecutar las medidas.
Una estrategia que usa el crimen organizado es atemorizar a las víctimas, a los testigos, incluso a jueces, fiscales y defensores. El año pasado fue asesinado un testigo y una mujer quedó con lesiones graves por testificar. De más de 50 personas que están en lista para ser protegidas, solo se ha podido cumplir con ocho. Estos hechos, referidos por el presidente de la Corte Suprema don Paulino Mora, lo llevan a señalar por qué “una gran cantidad de procesos penales se suspenden por inasistencia de testigos y víctimas a las audiencias programadas”.
El Presidente de la Corte Suprema remitió la versión final del proyecto de Ley de Protección de Víctimas y Testigos, el que debería ser enviado con urgencia a la Asamblea Legislativa para su trámite. En este proyecto participaron casi todas las autoridades que integran la comisión que ha convocado el señor Presidente de la República. Si el trabajo está concluido ¿Por qué no empezar a legislar sobre el mismo?
Es hora de actuar. Hay funcionarios que están luchando con recursos limitados frente a la ofensiva de la delincuencia y debemos apoyarlos: el director del OIJ, el Ministro de Seguridad, el fiscal general, personifican el esfuerzo de mucha gente que ejecuta una tarea de alto riesgo. Esta semana se empezó a estructurar un consenso que nos llena de esperanza.
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