Hasta el momento, (el gobierno) ni siquiera ha solicitado a las universidades reportar sus índices de eficiencia

Tarifas de matrícula y la propuesta del FA

Según CONAPE, un estudiante universitario necesita ¢5 millones en promedio para graduarse como licenciado, por lo que, con los ¢51 mil millones de más que recibieron las universidades estatales este año, se hubieran podido asignar 10.200 becas completas en carreras acreditadas de las universidades privadas más prestigiosas del país.
Con el dinero asignado a las universidades públicas en un solo año, se hubiera podido financiar la totalidad de la educación universitaria de unos 82.100 alumnos.
En contraste, las estatales estiman solo un crecimiento de 609 cupos adicionales para el próximo año, aun cuando cerraron con un superávit de ¢113.595 millones. Es sorprendente el compromiso que adquirieron, puesto que entre los años 2009 y 2014, solo aumentaron 635 cupos; es decir, plantean casi duplicar los cupos en un solo año.
¿Por qué creció un 14% el presupuesto de las universidades estatales, porcentualmente más de lo que recibieron los sectores de educación primaria y secundaria, aun a sabiendas de la difícil situación fiscal que enfrenta el país y con un crecimiento del PIB apenas de un 3,4%?
Si realmente existiera un compromiso social por parte del Gobierno, no se estaría subsidiando la educación universitaria de las clases más adineradas del país; un 30% de los alumnos admitidos proviene de colegios privados.
Es inconveniente que las universidades públicas reciban más fondos que la educación primaria y secundaria cuando Costa Rica ya destina proporcionalmente muchos más recursos a la educación terciaria que a la educación general básica, en comparación con otros países desarrollados de la OECD, según estudios del Banco Mundial.
Entiendo que el Gobierno central buscó cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero destinó recursos a un sector que no los requiere, y sin pedir resultados a cambio.
Hasta el momento, ni siquiera ha solicitado a las universidades reportar sus índices de eficiencia, por lo que nadie sabe, de los alumnos que ingresan, cuántos se gradúan, en qué plazo, ni cuánto costó graduarlos.
Tampoco ha solicitado el Gobierno conocer los beneficios concretos generados para el país y su población en investigación y acciones sociales en las que tanto se invierte, ni se preocupó por vincular los recursos asignados a objetivos específicos ni planes de trabajo, cediendo así su potestad de asegurar el uso idóneo de los recursos del erario público.
En la Asamblea Legislativa no hacen nada al respecto. En lugar de velar por el uso productivo de los fondos públicos en las universidades estatales, el Frente Amplio plantea una iniciativa que pretende regular las tarifas de matrícula de las universidades privadas, cuando estas son muy inferiores a lo que nos cuesta a los contribuyentes la educación superior estatal.

Silvia Castro

Rectora de ULACIT

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