Vía aledaña al San Juan a estudio en Sala IV
Natasha Cambronero [email protected] | Sábado 17 diciembre, 2011
Recurso de amparo en contra de proyecto fronterizo fue acogido por magistrados
Vía aledaña al San Juan a estudio en Sala IV
Dos fundaciones denuncian supuesto daño ambiental e incumplir con accesos para discapacitados
La legalidad y viabilidad ambiental de la carretera de 160 kilómetros (km) que construye el gobierno de Laura Chinchilla, en la margen costarricense del río San Juan, serán analizadas por la Sala Constitucional.
El viernes los magistrados acogieron un recurso de amparo interpuesto por Erick Chacón y Alberto Cabezas, en nombre de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas y la Fundación Mundial Déjame Vivir, respectivamente.
Los recurrentes aducen que los trabajos para desarrollar la vía fueron llevados a cabo con acciones que atentan contra el medio ambiente y que no se acondicionó la ruta con accesos para personas con alguna discapacidad.
La queja fue admitida y se le ordenó a la presidenta Chinchilla presentar en un plazo de tres días hábiles toda la documentación relacionada con ese proyecto vial para que los magistrados puedan resolver el recurso.
A principios de marzo pasado la mandataria firmó un decreto de emergencia nacional tras la invasión nicaragüense a isla Calero-Portillo que le permite saltarse todos los trámites administrativos y burocráticos para construir esa carretera. Aduciendo que la soberanía nacional está en peligro.
En ese sentido, la vía se realizó sin un diseño previo y sin estudios de impacto ambiental de las obras, pues el Gobierno goza de dicha potestad.
Tras ser notificada por la Sala Constitucional, la gobernante arremetió contra las personas que interpusieron el amparo para obstaculizar el funcionamiento de esta calle, pues atenta contra el desarrollo de la zona fronteriza y la seguridad nacional.
Esto, tomando en cuenta que aunque los magistrados no suspendieron la continuación del proyecto, podrían en un futuro cercano paralizar las obras y hasta ordenar su cierre.
“Me pregunto, ¿por qué estas organizaciones no levantaron su voz contra el verdadero ecocidio que se dio en Calero? ¿Por qué no defendieron el derecho de los costarricenses a navegar el San Juan cada vez que fue negado? ¿Por qué no protestaron cuando la Comisión Nacional de Emergencias no pudo llevar auxilio a esas comunidades porque el único medio para hacerlo era el río San Juan? Querer detener esa obra es negarle el progreso a quienes habitan la frontera y renunciar al pleno ejercicio de nuestra soberanía, ahí donde precisamente está siendo amenazada”, dijo Chinchilla.
Junto a la carretera aledaña al San Juan la actual administración también construyó otros 330 kilómetros de accesos para comunicar a las comunidades cercanas, llevó electricidad a la zona y agudizó los controles de seguridad fronteriza.
El conflicto con el vecino del norte se suscitó el 21 de octubre del año pasado, cuando el país denunció que Nicaragua vertía en su territorio los sedimentos del dragado que realiza en el río San Juan y desde entonces las disputas no han cesado.
Natasha Cambronero
[email protected]
Vía aledaña al San Juan a estudio en Sala IV
Dos fundaciones denuncian supuesto daño ambiental e incumplir con accesos para discapacitados
La legalidad y viabilidad ambiental de la carretera de 160 kilómetros (km) que construye el gobierno de Laura Chinchilla, en la margen costarricense del río San Juan, serán analizadas por la Sala Constitucional.
El viernes los magistrados acogieron un recurso de amparo interpuesto por Erick Chacón y Alberto Cabezas, en nombre de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas y la Fundación Mundial Déjame Vivir, respectivamente.
Los recurrentes aducen que los trabajos para desarrollar la vía fueron llevados a cabo con acciones que atentan contra el medio ambiente y que no se acondicionó la ruta con accesos para personas con alguna discapacidad.
La queja fue admitida y se le ordenó a la presidenta Chinchilla presentar en un plazo de tres días hábiles toda la documentación relacionada con ese proyecto vial para que los magistrados puedan resolver el recurso.
A principios de marzo pasado la mandataria firmó un decreto de emergencia nacional tras la invasión nicaragüense a isla Calero-Portillo que le permite saltarse todos los trámites administrativos y burocráticos para construir esa carretera. Aduciendo que la soberanía nacional está en peligro.
En ese sentido, la vía se realizó sin un diseño previo y sin estudios de impacto ambiental de las obras, pues el Gobierno goza de dicha potestad.
Tras ser notificada por la Sala Constitucional, la gobernante arremetió contra las personas que interpusieron el amparo para obstaculizar el funcionamiento de esta calle, pues atenta contra el desarrollo de la zona fronteriza y la seguridad nacional.
Esto, tomando en cuenta que aunque los magistrados no suspendieron la continuación del proyecto, podrían en un futuro cercano paralizar las obras y hasta ordenar su cierre.
“Me pregunto, ¿por qué estas organizaciones no levantaron su voz contra el verdadero ecocidio que se dio en Calero? ¿Por qué no defendieron el derecho de los costarricenses a navegar el San Juan cada vez que fue negado? ¿Por qué no protestaron cuando la Comisión Nacional de Emergencias no pudo llevar auxilio a esas comunidades porque el único medio para hacerlo era el río San Juan? Querer detener esa obra es negarle el progreso a quienes habitan la frontera y renunciar al pleno ejercicio de nuestra soberanía, ahí donde precisamente está siendo amenazada”, dijo Chinchilla.
Junto a la carretera aledaña al San Juan la actual administración también construyó otros 330 kilómetros de accesos para comunicar a las comunidades cercanas, llevó electricidad a la zona y agudizó los controles de seguridad fronteriza.
El conflicto con el vecino del norte se suscitó el 21 de octubre del año pasado, cuando el país denunció que Nicaragua vertía en su territorio los sedimentos del dragado que realiza en el río San Juan y desde entonces las disputas no han cesado.
Natasha Cambronero
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