Sin importar el partido político en el poder, o de su orientación ideológica, resulta urgente establecer consensos nacionales en materia de seguridad

Entre cielo y tierra

El tema de la inseguridad en Costa Rica tiene movimientos cíclicos, con momentos de mayor manifestación de violencia o incidencia de crímenes.
Sin embargo, existe una tendencia de crecimiento.
Por ejemplo, las víctimas por homicidio doloso en 2000 fueron 251 personas, y para 2010 la cifra alcanzó las 527, duplicándose. El mayor incremento en este delito se da mediante el uso de armas de fuego.
Arranco con algunos datos, solo con la intención de demostrar que existe una justificada preocupación en el desarrollo del crimen en nuestro país y cuya manifestación no es un asunto al cual de cierta forma la población costarricense “esté acostumbrada”, por el contrario, tampoco se trata de un asunto de colores políticos.
Costa Rica se encuentra en medio de una región dominada por el tráfico de las drogas y cuyo principal incentivo para este negocio es el consumo creciente en los países económicamente más desarrollados.
Los efectos de este trasiego están dejando profundas heridas en el tejido social de nuestro país, cuyas áreas de afectación han alcanzado lugares sensibles como escuelas, colegios y centros de convivio comunitario.
Este tema lo viene sufriendo el país por décadas, y corresponde a fuertes circunstancias regionales que han sobrepasado la capacidad de respuesta institucional hasta cierto punto.
Los costarricenses somos personas adheridas por vocación y convicción a los valores de nuestra patria, de orientación pacífica, y esta “guerra sin cuartel” que se desata en el seno de nuestra sociedad está destruyendo poco a poco importantes valores, sobre todo en las poblaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Es aquí donde, independientemente del partido político en el poder, o de la orientación ideológica, resulta necesario establecer consensos entre las fuerzas que dominan las discusiones públicas, para que Costa Rica llegue a una serie de acuerdos urgentes para el desarrollo de una agenda estatal, que mantenga una línea conductual más allá de los cuatro años de cada administración.
Estos pilares o líneas básicas deben fundamentarse en acciones reactivas pero también preventivas, y lograr un acercamiento interinstitucional, que ayude a atender y aislar los elementos de propagación de la “cultura de muerte”.
En las dinámicas de nuestra sociedad actual, más complejas y dispersas, es necesario el trabajo en conjunto, y sobre todo que “tirios y troyanos” en nuestra Asamblea Legislativa no jueguen un papel de obstruccionismo sobre temas tan neurálgicos como la seguridad.

Luis Alberto Muñoz Madriz

@luisalberto_cr

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